La paradoja como derecho

El derecho a morir a manos de otro

Se llama Hannah Jones. Se encuentra vestida con camiseta, pantalón y unas botas de lunares de color rosa, sentada sobre una cama también de color rosa, mira con tristeza y una cierta tensión a la cámara. Esta niña británica, enferma de leucemia desde hace cinco años, ha decidido morir, y va a poder cumplir ese terrible deseo. El caso ilustra bien uno de los debates más importantes de nuestro tiempo que se encuentran en plena actualidad. El del supuesto “derecho a morir” que tantas personas defienden. ¿Puede decidir una niña de tan sólo 13 años no someterse al trasplante de corazón que recomiendan los médicos y morir? Esa es la pregunta que ayer se hacía La Vanguardia en primera página, bajo el retrato de Hannah Jones. Y, en efecto, ¿tiene esa niña, o cualquier persona, derecho a tomar esa decisión? No hablo de madurez, inteligencia, autonomía… cosas que no dudo que esta niña pueda tener. Hablo de si de verdad “podemos”, puede cualquiera decidir cuándo poner fin a su vida. En estos momentos, el caso de esta niña puede ser singular, pero de salir adelante las propuestas pro eutanasia que van teniendo eco en muchos países, dejará de serlo. Por eso este es un debate que resulta tan importante y que es necesario afrontar sin correcciones políticas. ¿Vamos a ser capaces?… ¡Qué paradoja! El discurso oficial insiste en la extensión de derechos (derecho a la dependencia, al aborto, a una muerte digna…), y pasa olímpicamente del derecho más importante de todos: el derecho a la vida, que a muchas personas no les importa pisotear. ¿Qué ha pasado para que la defensa del derecho a la vida haya sido abandonada por muchas personas e instituciones? ¿Cómo es posible que se haya pactado tan fácilmente con ese discurso blando de que la vida vale lo que uno decida? Demasiadas preguntas…

http://www.gaceta.es/12-11-2008+derechos_paradojas,noticia,3,4,38016

La primera ley para una muerte digna en España echa a andar

El Gobierno andaluz ha comenzado este martes a tramitar el proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, una norma que regulará los derechos del paciente así como los deberes de los profesionales sanitarios y de los centros sanitarios públicos y privados. La decisión ha sido adoptada hoy por el Consejo de Gobierno de la Junta y, según sus previsiones, la norma llegará al Parlamento andaluz para su debate la próxima primavera. La consejera de Salud, María Jesús Montero, ha destacado en rueda de prensa que esta norma, “la primera de estas características que se elabora en España”, no sólo persigue “salvaguardar la libertad y el respeto” a la voluntad de la persona, sino también “respaldar” la labor de los profesionales sanitarios en este tipo de situaciones. Entre los derechos reconocidos se encuentra el recibir, o no si así lo desea el paciente, información clínica veraz y comprensible sobre su diagnóstico y pronóstico, con el objetivo de ayudarle en la toma de decisiones. También establece la potestad del ciudadano de rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida. El texto regula el derecho del ciudadano a recibir tratamiento del dolor, incluyendo la sedación paliativa cuando lo precise, y garantiza los cuidados paliativos integrales, que serán proporcionados, si la persona lo desea, en su domicilio siempre que no estén contraindicados. La intimidad personal y familiar de la persona y la protección de todos los datos relacionados con su proceso de atención sanitaria también estarán garantizadas, ya que el ciudadano podrá estar acompañado por su familia durante el proceso de la muerte. Para ello, los pacientes que tengan que ser hospitalizados tendrán derecho a una habitación individual durante su estancia, “tanto en el ámbito público como en el privado”, subrayó la consejera, que ha precisado que una vez sea aprobada la ley todos los centros sanitarios andaluces tendrán un plazo de dos años para acometer la reformas oportunas. Las instituciones deberán proporcionarán apoyo y asistencia a la familia de la persona en situación terminal para facilitar el proceso y le garantizarán una atención integral durante el duelo. Por su parte, los profesionales sanitarios que atiendan al paciente en su fase terminal deberán informarle sobre su situación y respetar las decisiones que éste tome sin imponer sus opiniones personales, morales, religiosas o fisiológicas. La consejera ha recordado, asimismo, su obligación de facilitar información sobre el derecho a formular la declaración de voluntad vital anticipada, así como a consultar el registro. Todos los centros sanitarios (públicos y privados) tendrán, no obstante, un “comité de ética” de carácter consultivo para cualquier conflicto que pueda surgir. Los facultativos tendrán la obligación de limitar las medidas de soporte vital cuando lo estimen necesario para “evitar la obstinción terapéutica”, así como de ofrecer al paciente todas las intervnciones para garantizar su adecuado cuidado y comodidad. Las instituciones sanitarias deberán garantizar el cumplimiento de la ley y, en caso de negativa o ausencia de los profesionales, deberán asegurar la atención necesaria. La consejera ha avanzado, además, algunos datos del barómetro sanitario que presentará su departamento en breve y que revela que el 93,7% de los andaluces coincide en afirmar que “todo el mundo tiene derecho a una muerte digna”, así como a recibir una información clara sobre su salud. Según esta encuesta, relativa al año 2007, ocho de cada diez ciudadanos se muestran favorables a no prolongar la vida de forma artificial si no existen unos mínimos de calidad.

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